Acusaciones contra Rubén Rocha Moya
El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta un cerco legal luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusara de nexos con narcotraficantes. Permanece en su residencia en Culiacán a la espera de que el gobierno federal defina su situación.
Según el análisis de la columna Muelle 1, tres son las opciones que se barajan: extradición, entrega voluntaria o esconderse en las serranías del noroeste. Rocha Moya es uno de los diez acusados por autoridades estadounidenses por delitos como tráfico de drogas, extorsión y homicidios.
Entregas y comparecencias
Dos de los acusados se entregaron a las autoridades de Estados Unidos: Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad Pública y de Administración y Finanzas del gobierno estatal. Buscarían obtener el estatus de testigos protegidos.
El senador Enrique Insunza Cázares y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez, también figuran entre los acusados, pero no han comparecido. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, para tratar temas de seguridad y migración, aunque el comunicado oficial fue escueto.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado más pruebas para acreditar la extradición de los ocho restantes, mientras que Rubén Rocha Moya fue citado a comparecer ante la FGR este sábado.
Contexto político y social
Los acusados son integrantes del partido en el poder, lo que ha generado revuelo interno. El caso refleja la lucha contra la corrupción y la impunidad que demanda la sociedad mexicana. En otros temas, se estima que en Estados Unidos hay 350 millones de armas en circulación, casi una por habitante, mientras que a México ingresan al año unas 500 mil de contrabando. También se reporta que en México ocurren entre 2 y 10 feminicidios al día, según la fuente, lo que evidencia una tarea pendiente en todos los ámbitos.