El derecho a la ciudad, como garantía colectiva, puede convertirse en una herramienta jurídica propositiva para enfrentar el cambio climático, afirmó Francisco Javier Dorantes Díaz, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Durante el Seminario Permanente Derecho del Cambio Climático y Gobernanza 2026, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el especialista señaló que esta prerrogativa no ha tenido el desarrollo jurídico e institucional que podría tener, por lo que hay un vacío doctrinal y pragmático que es necesario cubrir.
Dorantes Díaz basó su argumento en datos del Informe de Prospectiva Global del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los cuales indican que el calentamiento global sigue en aumento.
Cifras del cambio climático global
De acuerdo con el informe, se requiere reducir en 42 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, hay un millón de especies amenazadas y 100 millones de hectáreas degradadas.
El documento, en el que participaron 287 científicas y científicos de 82 países, advierte que para 2050 disminuirá la disponibilidad de alimentos. Ante este panorama, el académico consideró que se necesitan medidas integradas, radicales, rápidas e innovadoras.
Definición del derecho a la ciudad
Dorantes Díaz definió el derecho a la ciudad como una garantía fundamental colectiva, de naturaleza justiciable, que busca la sistematización y relación de interdependencia entre los derechos a la cultura, medio ambiente, educación y trabajo.
Además, obliga al Estado a la prestación de servicios públicos de calidad, a la buena administración y a la aplicación de los principios de función social de la propiedad y la ciudad, así como la inclusión y la participación democrática.
Ejemplo en la Ciudad de México
En el caso de la capital del país, la Constitución local establece en su artículo 12 que la Ciudad de México garantiza el derecho a la urbe, es decir, el uso y usufructo pleno y equitativo fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad; de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.
Para el experto, con esa garantía se tiene un concepto integrador que puede ser útil para sumar diversos derechos que deben ser armónicos y tener como uno de sus principios el combate al cambio climático. Señaló que este derecho va más allá de la sustentabilidad y fortalece la participación social y la cultura democrática.
“Podemos usarlo en acciones jurídicas, como concepto fundamental para el litigio estratégico y estudios integrales”, enfatizó. Añadió que hoy en día se construye un derecho más acorde con la naturaleza, más allá de una visión antropocéntrica.
