Una empresa de fumigación agrícola con sede en Medellín de Bravo, Veracruz, denunció penalmente a un fiscal federal y a tres agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR). La denuncia es por el presunto aseguramiento ilegal de seis helicópteros, una aeronave, una aeropista e instalaciones.
El abogado Jorge Reyes Peralta informó que el daño patrimonial supera los 40 millones de pesos. A ocho meses de la intervención, la empresa no ha sido reconocida como parte investigada, imputada u ofendida en la carpeta de investigación.
Detalles de la denuncia penal
Las denuncias se presentaron ante la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos y el Órgano Interno de Control de la FGR, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y contra la administración de justicia.
Los funcionarios señalados son el fiscal federal en Veracruz, Mauricio Alexandro Rosaldo García, y los agentes del Ministerio Público Carlos Manuel Pérez Solís, Andrea Jahel González Castillo y Virginia Cecilia Blanco Hernández.
Señalamientos de la empresa Agrogema Agro
- La compañía está legalmente constituida para prestar servicios de fumigación aérea agrícola y cuenta con los permisos y autorizaciones correspondientes.
- Opera el Helipuerto Ing. David Torres en Camino Lomas del Porvenir, localidad Lomas del Porvenir, municipio de Medellín de Bravo.
- Interpuso un juicio de amparo indirecto contra el aseguramiento, que considera ilegal.
- El abogado denunció que el fiscal señalado ha presionado y amenazado a la jueza que lleva el caso.
De acuerdo con la denuncia, los funcionarios encabezaron en enero pasado, sin sustento legal, el aseguramiento de vehículos aéreos y terrestres, así como de otros bienes de la empresa. Además, difundieron públicamente el hecho.
El representante legal señaló que la FGR, a través de su titular en Veracruz, ha indicado que la empresa ni sus representantes tienen el carácter de parte en la carpeta de investigación. Consideró que ello vulnera sus derechos fundamentales al no permitirles una defensa técnica adecuada.
La compañía pidió a la FGR y a su órgano de control interno investigar y sancionar a los funcionarios por las acciones u omisiones que han provocado un perjuicio económico superior a 40 millones de pesos.
