El estado de Veracruz carece de una ley general que obligue a consultar a los pueblos indígenas antes de instalar megaproyectos en sus territorios, planteó Tlexochtli Rocío Rodríguez García, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV).
La académica indicó que, ante la ausencia de esa norma, las comunidades han tenido que defenderse en tribunales para frenar obras impulsadas sin preguntarles. Lo expuso al presentar la ponencia “Proyectos de transición ecológica y consulta previa: grupos indígenas en Veracruz”, elaborada junto con Leticia Espinosa Nicolás.
La presentación se realizó durante el Coloquio Internacional “Democratizar el saber: Diálogos entre ciencia, cultura y sociedad”, efectuado en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UV, en Xalapa.
Un derecho reconocido que no se cumple
Rodríguez García recordó que el derecho a la consulta ya está reconocido en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como en el Acuerdo de Escazú.
Esas normas establecen que la consulta debe ser previa, libre, informada, de buena fe y adecuada a la cultura de cada pueblo. No obstante, la ponente afirmó que en la práctica no se cumple y que el impulso a energías limpias y a obras para combatir el cambio climático ha chocado con el territorio de las comunidades.
Cuatro casos en Veracruz
La académica expuso cuatro ejemplos de proyectos que avanzaron sin consulta previa:
- Un proyecto hidráulico en la cuenca del río Blanco, que afectaría a comunidades nahuas de la sierra y de las Altas Montañas, y que se intentó impulsar sin consulta y sin estudios de impacto ambiental ni social.
- Los polígonos de desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el sur del estado, donde las obras contaban con permisos de las autoridades, pero no con la consulta a la población indígena; la comunidad promovió un amparo que ganó.
- El gasoducto Tuxpan-Tula, en el norte de la entidad, para el cual se firmaron convenios con ejidatarios de manera individual, bajo presión o engaño, sin consultar a la comunidad en conjunto ni traducir la información al náhuatl y al totonaco.
- Un acueducto impulsado por la Comisión Nacional del Agua con una inversión de tres mil millones de pesos, que avanzó rápidamente hasta que poblaciones indígenas y ejidales presentaron un amparo que detuvo el proyecto.
Lenguas originarias y derecho ambiental
Para la académica, consultar no se limita a preguntar si se acepta una obra: debe hacerse en la lengua de cada comunidad. Por ello invitó a las y los estudiantes de la Licenciatura en Derecho a aprender y usar las lenguas originarias, ya que los abogados que las hablen serán cada vez más necesarios en instituciones y en el litigio.
Agregó que el derecho ambiental es un campo poco explorado donde, mediante el amparo, es posible defender a las comunidades frente a proyectos de gran inversión.
Propuestas de la ponente
Rodríguez García planteó que los proyectos de energía sustentable dejen de ser grandes parques privados y pasen a modelos administrados por las propias comunidades, de modo que sean ellas quienes se beneficien.
Una ley estatal de consulta, concluyó, daría mayor protección a los pueblos indígenas y evitaría que sus derechos dependan de que logren llegar a juicio.
Fuente original: Universidad Veracruzana