Veracruz carece de una ley general que obligue a consultar a los pueblos indígenas antes de instalar megaproyectos en sus territorios, planteó Tlexochtli Rocío Rodríguez García, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV).
La académica sostuvo que, sin esa norma estatal, las comunidades han tenido que defenderse en tribunales mediante amparos para detener obras que se impulsaron sin preguntarles.
Proponen ley de consulta previa, libre e informada
La propuesta se presentó en la ponencia “Proyectos de transición ecológica y consulta previa: grupos indígenas en Veracruz”, elaborada junto con Leticia Espinosa Nicolás.
El trabajo se expuso durante el Coloquio Internacional “Democratizar el saber: Diálogos entre ciencia, cultura y sociedad”, realizado en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UV, en Xalapa.
El derecho existe, pero no se aplica
Rodríguez García recordó que el derecho a la consulta está reconocido en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como en el Acuerdo de Escazú.
Detalló que esas normas establecen que la consulta debe ser previa, libre e informada, adecuada a la cultura de cada pueblo y de buena fe, aunque en la práctica no se cumple.
Cuatro casos en Veracruz
- Un proyecto hidráulico en la cuenca del río Blanco, que afectaría a comunidades nahuas de la sierra y de las Altas Montañas, impulsado sin consulta y sin estudios de impacto ambiental ni social.
- Los polígonos de desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el sur del estado, donde las obras contaban con permisos oficiales pero no con consulta a la población indígena; derivó en un amparo que las comunidades ganaron.
- El gasoducto Tuxpan-Tula, en el norte de la entidad, con convenios firmados de manera individual con ejidatarios, bajo presión o engaño, sin consultar a la comunidad en conjunto ni traducir la información al náhuatl y al totonaco.
- Un acueducto impulsado por la Comisión Nacional del Agua con una inversión de tres mil millones de pesos, que avanzó rápidamente hasta que poblaciones indígenas y ejidales presentaron un amparo que detuvo el proyecto.
Llamado a las y los estudiantes de Derecho
La académica señaló que consultar no se limita a preguntar si se acepta una obra, sino que debe hacerse en la lengua de cada comunidad.
Por ello invitó al alumnado de la Licenciatura en Derecho a aprender y usar las lenguas originarias, ya que los abogados que las hablen serán cada vez más necesarios en instituciones y en el litigio.
Agregó que el derecho ambiental es un campo poco explorado donde, a través del amparo, es posible defender a las comunidades frente a proyectos de gran inversión.
