Rodrigo Aguilar Cepeda, profesor-investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, expuso que persisten importantes desigualdades en el acceso y permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes migrantes centroamericanos que residen en México, a pesar de que la educación es un derecho constitucional garantizado en el país.
Durante la ponencia “La vida no es pareja: educación y desigualdad territorial en migrantes centroamericanos en México”, dictada en el ciclo de conferencias “Migración de retorno y educación. Perspectivas actuales”, el especialista analizó las condiciones educativas de esta población a partir de datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi.
Datos del censo revelan baja asistencia escolar
Según el estudio, en México residían cerca de 126 mil personas nacidas en países centroamericanos, de las cuales aproximadamente 21 mil eran menores de edad, la mayoría originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador.
De ese grupo, más de la mitad no asistía a la escuela al momento del levantamiento censal. En edad de cursar primaria, la asistencia alcanzaba apenas 64.8 %, un porcentaje considerablemente menor al promedio nacional.
Obstáculos para ejercer el derecho a la educación
Rodrigo Aguilar detalló que los principales obstáculos que enfrentan estos niños y adolescentes incluyen la falta de documentación, condiciones socioeconómicas adversas, procesos de discriminación y xenofobia, así como limitaciones institucionales para atender sus necesidades específicas.
El investigador subrayó que las condiciones educativas varían significativamente entre regiones. Mientras en el centro y centro-occidente del país se registran mayores niveles de asistencia y menor rezago, en el norte y la región sur-sureste los indicadores son los más desfavorables.
En la región sur-sureste, menos del 36 % de la población infantil migrante asistía a la escuela y cerca de tres cuartas partes presentaban rezago educativo.
Paradoja territorial
El especialista señaló una “paradoja territorial”: las regiones que concentran la mayor cantidad de población migrante son también aquellas donde se observan mayores dificultades para garantizar el acceso efectivo a la educación, mientras que las zonas con menor presencia migrante muestran mejores resultados educativos.
Aunque México cuenta con un marco normativo robusto que reconoce el derecho a la educación sin importar la condición migratoria, Aguilar advirtió que persisten desafíos como las trayectorias educativas interrumpidas, la movilidad constante de las familias migrantes y las desigualdades estructurales que afectan a diversas regiones del país. Garantizar la inclusión educativa de la niñez migrante requiere atender estos factores, concluyó.
Fuente original: Universidad Veracruzana