Este 14 de mayo entró en vigor un decreto que reforma la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, iniciativa del diputado veracruzano Javier Herrera Borunda. La nueva normativa fortalece las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y coloca a la denuncia ciudadana como eje en la lucha contra la corrupción.
¿Qué cambios introduce la reforma?
La reforma amplía las facultades de la ASF como órgano técnico del Estado, moderniza sus procedimientos y mejora la trazabilidad del gasto público. Entre los cambios destacan la incorporación de medios electrónicos para notificaciones y la posibilidad de imponer multas a servidores públicos y personas físicas que no atiendan requerimientos de la Auditoría.
En el artículo 10 del decreto se establece que la ASF podrá imponer multas de 150 a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quienes incumplan total o parcialmente los requerimientos de información, salvo que exista impedimento legal o mandato judicial.
Antecedentes y contexto
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional publicado en febrero de 2026, México ocupa el lugar 141 de 182 países evaluados y el puesto 27 de 33 en América, por debajo de Cuba. La iniciativa busca atender esta problemática dotando a la ASF de herramientas más efectivas.
Reacciones y próximos pasos
El propio diputado Herrera Borunda declaró que la iniciativa, presentada durante su gestión como legislador, permitirá a la ASF actuar oportunamente ante actos de corrupción. Por su parte, el presidente de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia del Senado, Francisco Daniel Barreda Pavón, señaló que el dictamen responde a la necesidad de fortalecer el órgano fiscalizador con herramientas normativas y operativas para la detección temprana de irregularidades.
La reforma fue aprobada por el pleno del Senado el pasado 21 de abril y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2026. Organismos como el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz han señalado la importancia de contar con mecanismos sancionadores efectivos, como los que ahora incorpora la ley federal.