APUNTES DE ECONOMÍA
Por Edgar Sandoval Pérez
@EdgarSandovalP
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“Un peso que se evita perder también es un peso que puede convertirse en infraestructura, servicios y desarrollo.”
En economía no solamente importa cuánto dinero tiene un gobierno, sino qué tan eficientemente lo utiliza. Por ello, la fiscalización no debe entenderse únicamente como un procedimiento administrativo, sino como una herramienta de política económica.
El tema cobra relevancia después de que el Congreso de Veracruz designara a Eric Domínguez Vázquez como nuevo Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), hasta septiembre de 2033.
¿Pero por qué debería importarnos económicamente quién dirige el ORFIS? Primero, por el tamaño de los recursos que están sujetos a vigilancia. Solamente en la Cuenta Pública 2024, el Gobierno del Estado reportó ingresos por aproximadamente 170 mil 931 millones de pesos y egresos por 173 mil 564 millones. Estamos hablando de cantidades suficientemente grandes para entender que una mejora aparentemente pequeña en la eficiencia del gasto puede representar cientos o incluso miles de millones de pesos que podrían utilizarse mejor.
Ahora bien, fiscalizar no significa necesariamente encontrar corrupción. Significa revisar si el recurso se ejerció conforme a la ley, si existen inconsistencias administrativas, si una obra realmente corresponde con lo contratado, si el endeudamiento cumple con las disposiciones financieras y, sobre todo, si existen elementos que pudieran representar un daño al patrimonio público. Esa diferencia es importante, ya que una observación no equivale automáticamente a responsabilidad o desvío.
Las cifras ayudan a dimensionarlo. En la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, el ORFIS reportó un monto de presunto daño patrimonial de aproximadamente 830.9 millones de pesos en 41 entes estatales y de 1,476.1 millones en 171 municipios, además de 4.4 millones en ocho entidades paramunicipales. Es decir, hablamos de más de 2 mil 300 millones de pesos señalados preliminarmente en estos rubros, sujetos posteriormente a los procesos de aclaración, investigación y, en su caso, determinación de responsabilidades.
Ahí encontramos la parte económica del problema. Cada peso público utilizado ineficientemente tiene un costo de oportunidad: puede significar una carretera que no se rehabilita, medicamentos que no se compran, infraestructura que se posterga o programas que alcanzan a menos personas. Por lo cual, fiscalizar correctamente no solamente permite detectar irregularidades; también genera incentivos para que las dependencias y municipios administren mejor sus recursos desde el principio.
Por otro lado, el ORFIS enfrenta un reto particularmente complejo porque Veracruz tiene 212 municipios, además del Gobierno estatal, poderes, organismos autónomos y entidades paramunicipales. Fiscalizar semejante estructura requiere capacidad técnica, profesionalización, análisis de datos y cada vez más tecnología. La auditoría moderna ya no puede limitarse a revisar expedientes después de ocurrido el gasto; debe avanzar hacia modelos preventivos, auditorías digitales, análisis masivo de información y detección temprana de riesgos.
Si bien normalmente medimos la eficiencia gubernamental por cuánto se recauda o cuánto se gasta, también deberíamos preguntarnos cuánto se evita perder y qué resultados produce ese gasto. Un ORFIS técnicamente sólido puede convertirse, además de un órgano fiscalizador, en una institución que ayude a mejorar la calidad del gasto público.