Especialistas coincidieron en que investigar el contexto social, las relaciones y la identidad de cada mujer desaparecida es indispensable para lograr su localización, durante el conversatorio “Perspectiva de género y criminología frente a la desaparición de personas”.
El foro se realizó en el marco del XXXI Foro de Docencia, Investigación, Difusión y Vinculación de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana (UV), en Xalapa.
En la mesa participaron Estela Casados González, docente de la Facultad de Antropología y responsable del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres); Miriam Aidee Saldaña Villarreal, estudiante de la Maestría en Ciencias Sociales de la UV, y Alín del Carmen Ramírez Oliveros, docente de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV). La moderación estuvo a cargo de Jazmín Hernández Morales.
Falta diagnóstico sobre causas de desaparición
Casados González señaló que hace falta un diagnóstico puntual sobre las causas por las que desaparecen las jóvenes, pues suele suponerse que se van con el novio o con quien finge una relación afectiva para traficarlas sexualmente, y no siempre es así.
También ocurre que, en disputas por custodia, el padre o la madre desaparece con la hija. En redes sociales prevalece una cultura misógina que sexualiza a las mujeres desaparecidas y las culpa por encontrarse en esa situación, advirtió.
La especialista sostuvo que mientras menos se considere la identidad sexogenérica en la búsqueda, menos éxito habrá en localizarlas, pues el tiempo corre en contra.
Estereotipos y narrativas institucionales
Sobre los estereotipos de la llamada “ausencia voluntaria”, Saldaña Villarreal, quien trabajó en la Comisión Estatal de Búsqueda, comentó que en la mayoría de los grupos de edad desaparecen más hombres, salvo entre los adolescentes, donde las víctimas son mujeres.
Indicó que hay un mayor índice de localización en las primeras 24, 48 y 72 horas. Aun así, las propias instituciones construyen la narrativa de que se fueron por voluntad propia, lo que victimiza a las adolescentes, quienes enfrentan la doble condición de ser mujeres y menores de edad.
En su investigación ha encontrado que las autoridades suelen atribuir la responsabilidad a los padres por omisión de cuidados, sin considerar sus largos turnos laborales ni los entornos peligrosos de las periferias, ni que el Estado debe asumir su obligación de garantizar seguridad social y económica.
Análisis de contexto e interseccionalidad
Ramírez Oliveros explicó que el análisis de contexto consiste en procesar sistemáticamente información histórica, sociológica, antropológica, victimológica, geográfica y económica para identificar patrones, zonas de riesgo o participación de estructuras delictivas, y fortalecer así la búsqueda y la investigación.
Ello está contemplado en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, y lo detallan los protocolos homologados de búsqueda y de investigación.
En el caso de las mujeres, dijo que debe considerarse la interseccionalidad, es decir, si son parte de la comunidad LGBTTTIQ+, migrantes, indígenas o defensoras de derechos humanos, pues ello permite generar una hipótesis de localización y nutrir el plan de búsqueda de la fiscalía.
Ramírez Oliveros precisó que los datos que aportan las familias, como vestimenta, lugar de trabajo, traslados o relaciones afectivas y de amistad, no buscan juzgar a la mujer, sino localizarla.
Ausencia voluntaria, término que revictimiza
En una segunda ronda, Saldaña Villarreal planteó el caso de mujeres que se alejan para protegerse de la violencia. Al respecto, señaló que no comparte el término “ausencia voluntaria”, pues detrás de salir de casa hay un contexto de violencias, y la narrativa de la familia permite identificar si fue una medida de autoprotección.
Sostuvo que, tanto en esos casos como en una desaparición forzada, debe haber una investigación a fondo porque se trata de víctimas de violencia, y advirtió que las adolescentes suelen ser reintegradas al núcleo donde sufrían agresiones, sin seguimiento por parte de las autoridades.
Finalmente, recordó que “ausencia voluntaria” es un término gubernamental que ha servido para minimizar el problema y revictimizar a las personas desaparecidas.