Un rescate financiero anunciado por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, busca eliminar la deuda de bursatilización que afecta a 199 municipios desde 2008. El esquema contempla que el estado absorba el 75 por ciento del adeudo, mientras los ayuntamientos pagarían el 25 por ciento restante sin intereses hasta 2030.
Deuda heredada de la bursatilización
La bursatilización, contratada durante el gobierno de Fidel Herrera, comprometió las participaciones federales de la mayoría de los municipios veracruzanos. Según datos oficiales, al tercer trimestre de 2025 la deuda estatal ascendía a 48,134 millones de pesos, con un endeudamiento per cápita de 5,923 pesos. De los 212 municipios, 199 arrastraban compromisos que superaban los 1,790 millones de pesos.
Entre los ayuntamientos más afectados destacan:
- Coatzacoalcos con más de 424 millones de pesos de deuda.
- Veracruz con 131 millones.
- Tuxpan con 108 millones.
- Xalapa con más de 92 millones.
Estas obligaciones financieras limitaban la capacidad de operación de los gobiernos locales, obligándolos a destinar parte de su presupuesto solo al pago de intereses.
Proceso de liquidación anticipada
Los 199 municipios involucrados aprobaron adherirse voluntariamente a la propuesta del Ejecutivo estatal, según confirmó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Naomi Edith Gómez Santos. La principal ventaja será la liberación de recursos federales que actualmente estaban retenidos.
El calendario establece que el 5 de junio comenzará la validación documental; el 15 de junio se firmará el convenio oficial; el 20 de junio se realizará una reunión final con representantes regionales; en julio se notificará a los fideicomisos y tenedores bursátiles, y el 27 de julio se prevé cancelar definitivamente los certificados bursátiles. A partir de agosto, los municipios comenzarían a recibir completas sus participaciones federales.
Beneficios para los municipios
La administración estatal sostiene que el objetivo es sanear las finanzas municipales y permitir que los ayuntamientos destinen más recursos a obras y servicios básicos como pavimentación, agua potable, drenaje, alumbrado público y seguridad. Además del alivio financiero, se busca reducir cargas administrativas y mejorar las condiciones de operación de los gobiernos locales, que enfrentaban limitaciones presupuestales por retenciones derivadas de esta deuda heredada hace casi 18 años.