Por Rocío Aburto
Xalapa, Ver.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández, cuestionó que las observaciones por presuntos daños patrimoniales detectados por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) no se traduzcan en sanciones contra quienes resulten responsables.
El legislador de Morena señaló que las revisiones realizadas a los ayuntamientos, organismos públicos descentralizados y dependencias estatales suelen derivar en señalamientos por el presunto uso irregular de recursos públicos, pero consideró que hace falta conocer qué ocurre posteriormente con esos expedientes.
“Desde que yo llegué aquí el año pasado, dije que el Orfis siempre da anuncios de desvíos de recursos y no es que yo esté en contra de los servidores públicos, pero nadie ha ido a parar a la cárcel, nadie, con quién se arreglan, dónde se arreglan, qué hacen, eso siempre se cuestiona, un columnista mencionó que eso solo va a quedar en buenos deseos”, manifestó.
Lo anterior, luego de que la auditora general del Orfis, Delia González Cobos, planteara la necesidad de incrementar en 25 por ciento el presupuesto destinado al organismo.
Al respecto, Bautista Hernández sostuvo que antes de solicitar mayores recursos, el órgano fiscalizador debe fortalecer la coordinación con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y procurar que los casos derivados de las auditorías tengan seguimiento.
“Más que recursos que hagan su trabajo, que los resultados que exige el pueblo de Veracruz sean consecuentes con su manera de pensar y actuar”, dijo.
El presidente de la Jucopo agregó que el trabajo del Orfis no debe limitarse a practicar auditorías, emitir observaciones y formular recomendaciones, sino que los procedimientos deben continuar ante las instancias encargadas de determinar las responsabilidades correspondientes.
Asimismo, consideró que la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Stephany Rosas Méndez, debe dar trámite a las investigaciones relacionadas con posibles desvíos de recursos públicos.
“Quien desvía recursos debe ser amonestado por la autoridad, se nombró una Fiscalía Anticorrupción y esa Fiscalía es la responsable de darle trámite a los asuntos”, indicó.
Finalmente, Bautista Hernández reconoció que los procesos de impartición de justicia pueden prolongarse debido a la cantidad de documentación que debe ser revisada e integrada en cada expediente.
“Es que la impartición de justicia es un tema complicado, se integran expedientes de 200 hojas, cuándo vas a estar checando uno por uno el juicio o la investigación, es muy tardado”, finalizó.