Miles de personas, entre usuarios, trabajadores y organizaciones ciudadanas, participaron en la Sesión de Cabildo Abierto en Veracruz para exigir una revisión a fondo de la concesión de Grupo MAS, la requisa del sistema de agua y saneamiento, así como acciones para garantizar agua de calidad, tarifas justas y el fin de los abusos denunciados durante más de una década.
Compromiso municipal
La presidenta municipal de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, refrendó el compromiso de su administración de rescatar el servicio público de agua y saneamiento. Destacó que, tras casi once años de concesión, ningún gobierno municipal había abierto un espacio de esta naturaleza para escuchar directamente a las y los usuarios. Sostuvo que el agua es un derecho humano y no una mercancía, por lo que debe estar al servicio de la población.
Participaciones ciudadanas
Durante la sesión, Beatriz Solís Rincón, del colectivo Mujeres Restaurando el Ecosistema, advirtió sobre presuntos riesgos ambientales y sanitarios asociados a la operación de Grupo MAS, señaló afectaciones a cuerpos de agua y acuíferos de la región y solicitó la requisa inmediata del sistema y la cancelación de la concesión.
Angélica Navarrete Mendoza, secretaria general del sindicato de trabajadores del extinto Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano, denunció los despidos tras la concesión de 2015, reclamó adeudos pendientes y afirmó que la infraestructura hidráulica se encuentra deteriorada.
Pedro Rivera García, de Casa Zapata Veracruz, sostuvo que existen elementos jurídicos para extinguir la concesión, destacó resoluciones judiciales obtenidas por usuarios y expresó preocupación por los miles de cortes de suministro que afectan a familias.
El presidente de la A.C. Fuerza Ciudadana Veracruz, Jesús López Peña, pidió al cuerpo edilicio avanzar en la extinción de la concesión, al afirmar que persisten problemas de calidad del agua y cortes del servicio, con más de 6 mil 500 quejas documentadas.
Datos y acciones
El IMA presentó información sobre los más de 11 mil millones de pesos cobrados por la concesionaria desde el inicio de la concesión, así como adeudos por 2 mil 660 millones de pesos que la empresa atribuye a 82 mil usuarios. La alcaldesa recordó que su administración promovió ante el Congreso del Estado una auditoría integral a Grupo MAS en materia técnica, financiera y legal, cuyos resultados están en proceso. También se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y se han impuesto sanciones administrativas.
