La falta de armonización entre las normas nacionales y la evolución del derecho internacional es uno de los principales desafíos de México en materia de desaparición forzada, señaló Elba Jiménez Solares, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La académica participó en el Seminario Nacional de Derecho Internacional “Nuevos paradigmas del derecho internacional y su impacto en el derecho mexicano”, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), en Xalapa.
Reforma de 2011 y estándares internacionales
Jiménez Solares destacó que la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 abrió una etapa fundamental para la incorporación de estándares internacionales en el orden jurídico nacional.
Indicó que a partir de esa modificación y de resoluciones como la emitida en el caso Radilla Pacheco cobró mayor relevancia la aplicación de las normas internacionales en materia de derechos humanos, particularmente frente a delitos como la desaparición forzada y la tortura.
Inconsistencias entre las normas nacionales e internacionales
La catedrática advirtió que mientras en el ámbito internacional avanzan las definiciones y los criterios de interpretación sobre graves violaciones a derechos humanos, en México aún tiene un peso importante el principio de estricta aplicación de la norma penal y la taxatividad.
Ese principio exige al legislador redactar las leyes de forma clara, precisa y exacta, lo que genera inconsistencias entre las normas nacionales e internacionales, puntualizó la abogada.
Precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La consultora jurídica comentó que México cuenta con precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos indispensables para comprender la problemática:
- Caso Radilla Pacheco
- Caso Campo Algodonero
- Caso Alvarado Espinosa
Responsabilidad penal y obstáculos para la reparación
Jiménez Solares enfatizó que uno de los aspectos que requieren atención es la responsabilidad penal relacionada con la desaparición cometida por particulares vinculados con grupos de la delincuencia organizada.
Explicó que el marco legal debe ajustarse para establecer con mayor claridad las responsabilidades correspondientes cuando integrantes de células criminales participen en este tipo de hechos.
Al hablar de la reparación integral de las víctimas, identificó la falta de voluntad política como uno de los principales obstáculos para avanzar, aun cuando existen condiciones jurídicas para hacerlo. A ello se suma la insuficiencia de recursos materiales y financieros, por el crecimiento del número de afectados que requieren atención.
Colocar al individuo en el centro del sistema jurídico
Ante estos desafíos, la experta declaró que una futura reforma del derecho mexicano debe colocar al individuo en el centro del sistema jurídico, por encima de una visión concentrada exclusivamente en los intereses del Estado.
Fuente original: Universidad Veracruzana